Con información de Silvel Elías,
del Programa de Estudios Rurales y Territoriales
(PERT-FAUSAC)
El problema más grave de la tenencia de la tierra es la profunda desigualdad en su distribución.
Pero además, no hay registros sobre quien tiene qué, cuánto y dónde. Hace falta la demarcación espacial y gráfica de los predios. La falta de registro de tierras impide el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos sobre la tierra. Pero además, dificulta la tributación agraria y el ordenamiento territorial
El catastro de tierras se sugiere como parte de los compromisos de los Acuerdos de Paz. Las organizaciones indígenas y campesinas presionaron para que se aprobara la ley del Registro de Información Catastral.
Con ello se espera, no solamente dar certeza jurídica a los propietarios, sino también “sanear las propiedades” y recuperar “tierras mal habidas”.
El catastro en tierras comunales ofrece la oportunidad de reconocer los derechos sobre la tenencia comunal de la tierra, valorar la importancia de la tenencia colectiva en términos de integración social, desarrollo rural y conservación ambiental. Asimismo, permitirá a las comunidades reafirmar y legitimar la delimitación de sus polígonos comunales (colectivos)
Datos publicados por el Programa de Estudios Rurales y Territoriales de la FAUSAC, señalan que hay unos 1213 casos de tierras comunales, los cuales suman 1,577,129 hectáreas de terreno.
Existen riesgos al hacer el catastro en tierras comunales, dado que no se conoce con exactitud cuántas tierras comunales hay, ni en dónde están ubicadas. Tampoco hay seguridad de que los técnicos y empresa que van a medir, tomen en cuenta y respeten las tierras comunales.
Se estima que los conflictos o disputa de derechos entre comunidades y municipalidades pueden afectar la medición de las tierras comunales que realice el Registro de Información Catastral (RIC).
¿Cómo hacer del catastro una herramienta para el reconocimiento de los derechos colectivos en las tierras comunales?
El registro de información catastral (RIC), debe fortalecer su capacidad técnica, operativa y legal para identificar y demarcar las tierras comunales con una adecuada relación con las comunidades.
Las comunidades por su parte, deben fortalecer su organización comunitaria para que puedan unificar criterios sobre la defensa de la tenencia comunal.
También se requiere el apoyo de entidades que puedan generar información pertinente y apoyar a las organizaciones locales para que puedan hacer valer sus derechos de tenencia comunal.
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